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Los líderes de la primera camada del grupo criminal EPP (la segunda fue la de Osmar Martínez (+), Juan Arrom, Anuncio Martí, Anastacio Mieres Burgos y otros, y la tercera es la actual comandada por Osvaldo Villalba, Manuel Cristaldo Mieres y Magna Meza) comparecieron ayer en Lambaré ante el juez Hugo René Camé Saldívar, quien decretó la prisión preventiva de los tres criminales.
Alcides Oviedo, su esposa Carmen Villalba y el lugarteniente de ambos, Aldo Meza, habían sido capturados el 2 de julio de 2004, tras una persecución y balacera en la zona del camino que une San Lorenzo con Ñemby. Los terroristas atacaron con granadas y fusiles de guerra a agentes de la comisaría 7ª Central de Ñemby, encabezados por el entonces comisario Merardo Palacios. Carmen había escapado ocho días antes del penal del Buen Pastor.
Jurídicamente, el ataque contra los policías de Ñemby nunca fue juzgado, ya que Oviedo, Villalba y Meza terminaron condenados solamente por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, causa por la cual ya también venían siendo buscados.
El plagio se extendió del 16 de noviembre de 2001 hasta 19 de enero de 2002. La familia de la víctima pagó un rescate de un millón de dólares. Los tres delincuentes recibieron sentencias de 18 años de encierro cada uno, de las cuales 15 años fueron de pena ordinaria más tres años de medidas de seguridad.
Entonces, los tres cabecillas del EPP tendrían que completar sus castigos en julio de 2022, es decir, en tres años y ocho meses.
Sin embargo, la estrategia del Ministerio Público para que los tres peligrosos terroristas no salgan libres y continúen en prisión es iniciar recién ahora el proceso penal por el enfrentamiento contra los policías que los capturaron hace 14 años.
De hecho, la imputación por tentativa de homicidio doloso fue firmada recién el jueves último por el fiscal delegado de la unidad antisecuestro, Federico Delfino.
Ahora resta llegar a la audiencia preliminar y después al juicio oral, instancia en la que Oviedo, Villalba y Meza se exponen por lo menos a otros 25 años de cárcel, que se tendrían que contar recién desde ayer, cuando se hizo la audiencia de imposición de medidas por esa causa del 2004.