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El 30 de junio pasado, el juez Báez Ferreira admitió la querella promovida por Silvana Patricia Cáceres Irala, contra Godoy Servín, Lucía Lorena Ishiy Giménez, Augusto Emmanuel Rolón Ferreira y Armando Sanabria, por la supuesta comisión de los hechos punibles de calumnia, difamación e injuria.
La querellante manifiesta que el 11 de octubre de 2019, en su condición de funcionaria de la Defensoría del Pueblo, se encontraba cumpliendo labores de asistente de la Dirección de Delegados del Interior. Agrega que en un medio de prensa tomó conocimiento de que fue destituida como directora de Contabilidad (cargo que ya no estaba ocupando) y luego fue desvinculada de la Defensoría del Pueblo, con una antigüedad de 16 años y 3 meses.
La acusaron de planillerismo, adulteración de reposos médicos y de farrista, supuestamente por Godoy a un medio de prensa, según la querella patrocinada por el abogado Cristian Giubi.