Fiscalía pide la prisión de catequista que fue imputado por abuso sexual

El Ministerio Público imputó ayer por coacción sexual y violación y pidió la aplicación de la medida cautelar sobre Víctor Justino González Sánchez (35 años), líder del movimiento religioso “Misioneros de San Gerardo”, arrestado ayer de mañana en un operativo realizado en Lambaré. Existen al menos 20 víctimas del ahora encausado.

Víctor Justino González Sánchez, en la fiscalía antes de su audiencia  indagatoria.
Víctor Justino González Sánchez, en la fiscalía antes de su audiencia indagatoria.Archivo, ABC Color

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Agentes de Investigaciones del departamento Central, a cargo del comisario Rubén Paredes, encabezados por la fiscala Teresita Torres Molas allanaron a las 6:20 la casa de Víctor Justino González Sánchez, en el barrio Valle Apu’a de Lambaré.

Allí detuvieron a González, conforme al oficio Nº 88/2020 del 18 de junio de este año, firmado por el juez Penal de Garantías Nº 2 de San Lorenzo, Gustavo Ramón Bóveda.

Del domicilio de González fueron incautados dos simcards, facturas de pago, un disco duro externo y una CPU que serán analizados.

Posteriormente, González Sánchez fue trasladado a la sede fiscal donde prestó declaración indagatoria ante la fiscala Torres, quien luego formuló imputación en su contra por la supuesta comisión de los hechos punibles de coacción sexual y violación.

Torres además solicitó al Juzgado Penal la prisión preventiva. El movimiento “Misioneros de San Gerardo”, liderado por Víctor González no se rige por ninguna parroquia ni tiene vínculo jurídico con la Congregación del Santísimo Redentor, dijo el provincial de la congregación, padre Osvaldo Duarte. González siguió organizando encuentros y usaba su casa como sede.

González fue denunciado ante los redentoristas. El padre Duarte comunicó esto a monseñor Edmundo Valenzuela. El arzobispo, recomendó que las víctimas lleven al caso a la fiscalía. Pero ni uno ni otro hizo la denuncia. Unas 20 mujeres, una de ellas menor de edad, habrían sido víctimas relataron que el acusado se aprovechaba de la condición de discapacidad de las jovencitas para manipularlas, principalmente, durante los retiros. También tomaba fotos de sus genitales y las enviaba a los grupos de WhatsApp o en forma individual, fotografiaba a sus víctimas desnudas y las obligaba a mantener relaciones sexuales con él. Finalmente extorsionaba a las víctimas al exigirles dinero, a cambio de su silencio, según las denuncias.

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