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“No hay sentencia porque ellos chicanean mucho. Recusan a jueces, cambian de abogado y uno de los acusados presiona para que termine el proceso. A raíz de esto, se suspendió dos veces el juicio oral y público, que estaba previsto para julio de 2019”, explicó a ABC Color Miguel Paredes Aquino.
El padre de la niña baleada en la fatídica tarde del 18 de junio de 2016 en un cañaveral de Nueva Italia denunció además que aún no se fijó la fecha para un tercer intento de iniciar el juicio contra los antidrogas involucrados, a causa de las chicanerías de los acusados.
“Yo como padre y el resto de mi familia queremos que se haga justicia en el sentido de que haya una condena ejemplar para aquellas personas que le quitaron la vida a mi hija y no vuelva a ocurrir una desgracia similar a la nuestra”, recalcó.
El inicio del juicio oral y público contra los agentes de la Senad detenidos por la muerte de la menor fue fijado al principio para el 18 de julio de 2018. Sin embargo, quedó aplazado debido a que uno de los acusados, José López Orrego, despidió a sus abogados argumentando que “no confiaba en ellos”. También recusó por el mismo motivo al Tribunal de Sentencia Penal integrado por la jueza Dina Marchuk, como presidenta, y los magistrados Julio César Granada y Olga Leticia De Gásperi.
“Lo que quedó pendiente es resolver la recusación de los tres miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal en San Lorenzo. La Corte Suprema ya rechazó la recusación de los miembros del Tribunal de Sentencia, así como también una casación presentada por la defensa”, explicó el abogado Gilberto Penayo, quien representa legalmente a la familia de la niña fallecida en el proceso judicial.
Situación de los acusados
Miguel Paredes Aquino también informó sobre la situación de los nueve procesados por la muerte de la pequeña en aquel triste episodio, señalando que dos de los nueve procesados abandonaron, tras ser desvinculados del caso, la prisión militar de Viñas Cue, donde aún permanece el resto de los acusados.
“De los nueve que están procesados, dos ya salieron en libertad y siete permanecen recluidos en la cárcel de Viñas Cue”, resaltó Paredes sobre el caso.
Los acusados se exponen a 30 años de pena privativa de libertad, en caso de ser encontrados culpables de la muerte de la menor.
Clamor de justicia
Ante la situación, Paredes pidió a las autoridades judiciales “que se pongan las pilas” y que hagan caer todo el peso de la ley sobre los responsables de la muerte de la pequeña Vivian Romina Paredes Zanotti-Cavazzoni.
“Acá lo que se debería lograr es que la Corte Suprema resuelva todo lo que queda pendiente, a fin de que prosiga el juicio oral y público, porque todo lo que se realizó hasta ahora son solo chicanas dilatorias”, denunció por su parte el abogado Gilberto Penayo.
“Pedimos que el sistema judicial ponga todo su interés en lo que significa para este tipo de causa porque aquella vez atentaron contra la vida de las cuatro personas que iban en la camioneta y que derivó en la muerte de la pequeña Vivian”, resaltó el letrado.
El trágico procedimiento derivó en la destitución del entonces director de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Alberto Rojas, mientras que la familia de la niña presentó una querella adhesiva no solo contra los antidrogas acusados del crimen, sino también contra el fiscal que dirigió el operativo, Carlos Alcaraz. Este último fue sumariado en 2016 y continúa ocupando su cargo.
Los que deben enfrentar juicio oral
Tras las investigaciones efectuadas por el Ministerio Público, teniendo en cuenta las pericias efectuadas a las armas de los intervinientes y al vehículo de las víctimas, a más de otras diligencias, se dispuso que los agentes Nicolás Fernando Cáceres Oviedo, Christian Osmar Morán Galeano, José Domingo López Orrego, Ignacio Alcides Sosa Pineda, Luis Ángel Servián Rotela, a más José del Rosario Sánchez y Emilio José Vall, vayan a juicio oral y público. Los cinco primeros como autores materiales y los dos últimos como cómplices. Mientras que los antidrogas Virgilio Amado Chávez Ortellado y Miguel Antonio Chaparro Abdala fueron beneficiados con el sobreseimiento provisional, explicaron.
Inexplicable ataque de antidrogas
En la tarde del 18 de junio del 2016, un grupo de agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) integrado por Nicolás Fernando Cáceres Oviedo, Christian Osmar Morán Galeano, José Domingo López Orrego, Ignacio Alcides Sosa Pineda, Luis Ángel Servián Rotela, a más de José del Rosario Sánchez, Emilio José Vall, Virgilio Amado Chávez Ortellado y Miguel Antonio Chaparro Abdala, salieron raudamente de la unidad con destino a Nueva Italia.
Supuestamente, los investigadores manejaban la información de que una estructura criminal que operaba en aquella zona del país iba a mover una enorme carga de droga. El dato aparentemente fue comunicado al fiscal Carlos Alcaraz, quien acompañó el procedimiento.
Los uniformados ingresaron a un extenso cañaveral ubicado en la “Granja Manuelita”, alquilada por la Azucarera La Felsina y en uno de los corredores se cruzaron con la a camioneta en la que recorrían la propiedad Ulrico Agustín Zanotti Cavazzoni, su hijo Alessandro Zanotti Franco, su esposa Ana Franco de Zanotti y su nieta Vivian Romina Paredes Zanotti (3).
Por alguna razón, los agentes comenzaron a perseguir y acribillar el vehículo en que iban los miembros de esta familia.
La niña sufrió un balazo en la cabeza y falleció días después, mientras que Alessandro también sufrió varias heridas, pero logró sobrevivir.