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El juez analizó ayer la imputación presentada por la agente fiscal Liliana Alcaraz y resolvió procesar a Patricia Samudio por presunta lesión de confianza, en carácter de autora, y a los 21 imputados como cómplices de la exfuncionaria en la supuesta adjudicación irregular para la compra de agua tónica y tapabocas, con la excusa de la pandemia por covid-19.
El Ministerio Público comprobó que, durante la administración de Samudio, Petropar adquirió cinco mil botellas de agua tónica a precio sobrefacturado. Los documentos demuestran que el producto se compró a G. 1.500 cada uno y la petrolera estatal terminó adquiriendo a G. 5.000 cada botella.
La imputación puntualiza además que Petropar compró por medio de la vía de la excepción, ante la aparición del covid-19, mascarillas N95 por G. 114.000.000, sin embargo, estas nunca fueron provistas a entidad alguna.
Los involucrados
Según la imputación de la Fiscalía, Patricia Samudio, en su carácter de presidenta de Petropar, con la ayuda del director financiero, Lic. Eduardo Miguel Ángel Sánchez López; el jefe del Dpto. de Tesorería, Rodolfo Benítez Sandoval; el jefe de la Sección de Egresos, Óscar Adrián Gómez Rodríguez; el titular de la Dirección Operativa de Contrataciones, Abg. Félix Marcelo Chávez; el Lic. Roberto Luis Cabrera Narváez y el Abg. Miguel Darío Cáceres, integrantes del Comité de Evaluación, habría adquirido en fecha 1 de abril de 2020, por compra directa, vía excepción, agua tónica por un precio mayor al 300% al mismo producto ofertado, de fabricación nacional; y de mascarillas N95 de la empresa proveedora Solumedic S.A.
Esta última adquisición fue documentada sin que haya ingresado el producto a la institución, a pesar de que los documentos reflejan una entrega que no se dio en la realidad. La fiscala Alcaraz expresó que las evidencias colectadas permiten presumir estas circunstancias.
Fecha para audiencia
El juez Raúl Florentín citó a los procesados para el miércoles 24 de junio, desde las 8:00, para la audiencia de imposición de medidas.
La agente del Ministerio Público solicitó al juzgado medidas alternativas a la prisión para los ahora procesados por la presunta compra irregular de agua tónica y mascarillas N95.