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Los agentes son defendidos por la abogada Liz Martínez; a ella se suma el Dr. Rolando Agustín Alum Rojas, un comisario retirado contratado por la Policía, que considera que lo ocurrido se encuadra en acto de servicio.
“No existe un gatillo fácil. Ese policía que solo tiene dos años de actividad fue embargado por una inteligencia emocional que sobrepasó los límites de su educación y su impericia que salió a relucir en ese momento”, dijo Alum.
Añadió que los disparos efectuados contra el coche en que viajaba el niño con sus padres se produjeron por dicha impericia. Agregó que “no fueron adrede para matar. No se le enseña al policía a matar, al policía se le enseña a restringir”.
En cuanto a la omisión de auxilio de la que se acusa a los agentes, Alum señaló que “es la parte emotiva del oficial, que tenía que primeramente cerciorarse de quiénes estaban en el vehículo. No sabían que había criaturas dentro. Fueron ciegamente a aprehender al conductor porque en ese momento era quien omitió hacer caso al mandato de la policía” (de detener la marcha).
Explicó que la Ley Nº 5016/14, el artículo 175 de la Constitución Nacional y el artículo 182 del Código Procesal Penal amparaban la barrera policial.