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Además, los investigadores fueron denunciados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Fiscalía de Derechos Humanos.
Iván Vidal Francisco Ocampos Miño y Gerardo Sebastián Medina Gómez, patrocinados por el abogado Nelson Sanabria, demandaron y exigen una indemnización por daños y perjuicios a los fiscales Osmar Legal, Marcelo Pecci, Alicia Sapriza, Federico Delfino (investigadores del caso) y hasta del fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán.
Piden G. 100 millones para cada uno, en total G. 500 millones por supuestamente haber sido dañados moralmente, según dicen.
Paralelamente, los gestores imputados por producción de documentos no auténticos, uso de documento público de contenido falso y asociación criminal para conseguir los pasaportes y cédulas adulteradas para Ronaldo De Assis Moreira, el exastro del fútbol brasileño, su hermano Roberto de Assis Moreira y el empresario brasileño Wilmondes Sousa, denunciaron a los citados agentes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público.
Con relación a la demanda civil, Ocampos y Medina aducen que los fiscales los presentaron como “culpables” ante los medios de comunicación pese a que la normativa legal no permite esto hasta que haya una sentencia firme.
También indican que el agravante es la publicidad del caso. “De nada servirá una sentencia absolutoria posterior, a la cual nadie dará importancia”, dice el escrito de demanda.
En cuanto a las denuncias por presunta violación de derechos humanos, ante la Fiscalía Especializada, y la de mal desempeño de funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ellas son idénticas y del mismo tenor a las de la demanda primeramente citada.
Fundamentos de la presentación
Los imputados afirman en sus presentaciones que los fiscales se negaron a tomarles las declaraciones indagatorias y que les indujeron a que se abstengan. Allí citan a Delfino y Doldán como supuestos instigadores de esto. Afirman de hay un antecedente previo y aducen que los cinco fiscales primeramente los maltrataron y se burlaron en medio de una reunión privada que duró aproximadamente una hora y media.
Los referidos agentes fueron recusados pero la fiscala adjunta rechazó esa acción de los gestores.