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La acordada establecida por la Corte Suprema de Justicia es la que se tendrá en cuenta para el retorno de actividades en sedes fiscales, dio a conocer la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
En ese sentido, explicó que de acuerdo con la cuarentena inteligente y a lo dispuesto por el Poder Judicial, la apertura del Palacio recién se realizará el 18 de este mes.
“La vuelta completa es el 18 de mayo y vamos a manejarnos como el Poder Judicial, que desde el lunes prevé actividades escalonadas”, precisó la titular del Ministerio Público.
Los fiscales estarán contestando los traslados de apelaciones de las Cámaras de Apelaciones y tribunales contencioso-administrativos, como establece la acordada de la CSJ, añadió.
En cuanto a esto, la fiscala general dijo que las sedes ordinarias estarán abiertas al público y profesionales recién el 18 de mayo, luego de reacondicionar las instalaciones, conforme a lo establecido por Salud Pública para evitar aglomeraciones y poner a punto las medidas preventivas de ingresos de profesionales del derecho.
“Vamos a tener que disciplinarnos como lo está haciendo el resto del mundo”, advirtió. Sandra Quiñónez hizo hincapié en que todos los fiscales trabajan en el control de la cuarentena obligatoria y lo seguirán haciendo, con las barreras y constituciones a empresas y entidades. La restricción siempre fue de acceso a las instalaciones edilicias, aclaró.
Hasta ayer, de hecho, la Fiscalía había imputado ya a 2.813 personas en todo el país por violación a la cuarentena sanitaria y lo hizo a través de sus unidades penales de turno que acompañan las tareas de prevención e intervención para el cumplimiento de las medidas sanitarias contra el covid-19.
Según los reportes, Asunción tiene mayor cantidad de imputados, siendo procesadas 416 personas; seguido por Central, con 407 imputados hasta la fecha.
La cantidad de personas imputadas por departamentos son: Alto Paraná, 308; Caaguazú, 292; Itapúa, 183; Concepción 182; Paraguarí, 137; Misiones, 137; San Pedro, 124; Canindeyú, 103; Ñeembucú, 98; Guairá, 93; Amambay, 88; Presidente Hayes, 78; Caazapá, 61; Cordillera, 51; Boquerón, 32, y Alto Paraguay, 23.
Son por resistencia, violación a la Ley 716 perturbación a la paz pública y exposición al peligro en el tránsito terrestre.