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La versión inicial del caso se dio a conocer el martes 21 de abril pasado, a través del perfil de Facebook de Milva Cardozo, habitual cliente de Rafael Cardozo, hasta cuya casa llegó él para pedir un G. 10.000 para su pasaje.
El chipero relató que tras bajar del bus, a las 15:00, fue interceptado por una patrullera policial sobre la avenida Fernando de la Mora y 12 de Octubre, del barrio lambareño Itá Ybaté.
Del rodado bajaron dos agentes que le avisaron que no debía estar por la calle por su edad y, además, violaba la cuarentena, por lo que le exigieron G. 500.000 para no llevarlo a la fiscalía.
El vendedor ambulante les dijo que no tenía esa plata, a lo que los policías, según su relato, reaccionaron y arrojaron 90 chipas al suelo, para luego subirlo a la patrullera, en la cual durante un breve recorrido le quitaron G. 284.000 que tenía en su bolsillo, producto de una venta anterior.
Al principio se manejó que los autores serían agentes de la Comisaría 14ª Asunción, en cuya jurisdicción ocurrió el deleznable hecho. Pero el mismo Cardozo negó aquello y solo dijo que vio un número siete por el vehículo.
Este hecho y que haya indicado después ante el Ministerio Público que el ataque ocurrió a las 17:00, ya sembraron dudas.
Una vez que la denuncia tomó relevancia, el comandante de la Policía Francisco Resquín ordenó que agentes de Investigaciones indaguen el hecho.
Con la intención de atar cabos, Cardozo fue convocado en la base de investigaciones sobre la calle Azara y de ahí fue con una comitiva a cargo del jefe de investigaciones de Asunción, Crio. Ppal. Benicio Ramírez, hasta donde fue extorsionado por policías.
La historia cambió por el camino, pues, según explicó Ramírez, Cardozo confesó haber inventado todo por la necesidad que atraviesa.
Ya en sede de investigaciones, el fiscal de Ñemby, Nelson Ruiz, tomó declaración testimonial ampliatoria al chipero en la que este explicó que elaboró la historia por necesidad, “pues tiene familia numerosa a la que debe mantener, que la venta de chipa no le resultaba rentable en esta época de cuarentena y estamos corroborando la existencia de un crédito que manifestó que hizo”, explicó el agente.
Ruiz también expuso que quien provee las chipas a Cardozo confirmó, mediante su cuaderno de registro, que no retiró la chipa ese día.
Ruiz indicó que se abrió una investigación penal.
La Defensoría del Pueblo ofreció asistencia al chipero y mediante la abogada María Paz Alcaraz le entregaron varios víveres.