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Adelantó que ampliará la presentación con la finalidad de incluir a las universidades privadas. Como medida de urgencia, pide que se decrete la prohibición del cobro total por los servicios no prestados.
El amparo fue derivado al juzgado penal de adolescentes de la jueza María Teresa Franco, quien hasta ayer estaba interinado por el juez penal de garantías de delitos económicos José Agustín Delmás. Como primera medida, el magistrado dispuso que Godoy presente copia para traslado.
Godoy refiere que se ha conculcado el derecho a la educación, en conexidad con el derecho de la igualdad y al consumidor, contemplados en nuestra Carta Magna y demás leyes. El recurso invoca los siguientes artículos de la CN: 46, De la igualdad de las personas; art. 54, De la protección al niño; art. 38, Del derecho a la defensa de los intereses difusos y de la Ley Nº 1334 del Consumidor, artículos 1, 2 y 4, entre otros instrumentos legales.
Godoy dijo a ABC que los padres no tienen por qué pagar por un servicio que no se está prestando. Asimismo, resaltó que con la ausencia de actividad en sus instalaciones, las instituciones tienen un considerable ahorro en agua, electricidad y en algunos casos, almuerzo.
Agregó que las instituciones se encuentran en condiciones de “aguantar” dos meses más que los padres, pues a nadie escapa el elevado costo de las mensualidades, a los que se debe agregar una infinidad de “colaboraciones” obligatorias que se les impone a lo largo del año lectivo, que termina por encarecer más aún el servicio que prestan.
Dice que por la buena predisposición que los padres siempre tienen para cumplir con sus obligaciones, cabe al gremio de instituciones actuar con responsabilidad social y no cargar nuevamente a la comunidad estudiantil con los costos de un servicio que no prestan en su totalidad en este momento.