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El procesado por el homicidio de Alcibiades Desiderio Ayala Coronel (73), su esposa Francisca Nidia Núñez Romero (71) y sus dos nietos pequeños, el año pasado en el establecimiento “Taguató” del Chaco paraguayo, el abogado Ricardo Emilio Ramírez Caballero, recusó el pasado 10 de enero al fiscal de la causa, Andrés Arriola, y también presentó una denuncia en su contra ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
La recusación descansa aún en la Fiscalía General del Estado, pendiente de resolución. Sin embargo, desde la citada fecha Arriola se apartó de la investigación y esta quedó a cargo de un fiscal provisorio, según informaron fuentes del Ministerio Público.
En el último día
Dos encausados por el mismo hecho, el chofer Alberto Chamorro Barreto y el funcionario del Senacsa Miguel Ángel González Abreu solicitaron el año pasado la revisión de medidas y ser beneficiados con prisión domiciliaria.
El fiscal Arriola se opuso a tal cuestión. Por su parte, la jueza Mirian Núñez les negó ese beneficio, por lo que se conformó una Cámara de Apelación, por los jueces Eduardo Medina, Fidelina Aquino y Leonardo Báez Caballero, quienes finalmente y de manera sigilosa les otorgaron el arresto domiciliario a ambos, considerados como claves en la investigación, el 31 de diciembre de 2019, el último día de actividades normales en el ámbito judicial.
Chamorro había contratado dos camiones transganado para trasladar los animales que fueron robados de la estancia y, Abreu falsificó las guías de traslado de las cabezas de ganado.
Actualmente, otras tres piezas fundamentales en la investigación que se encuentra con prórroga extraordinaria, Ricardo Ramírez, el veterinario Juan Casimiro Galeano Núñez y otra persona más que cumple con la prisión preventiva, también solicitan la revisión de medidas y peticionan que se les otorgue el arresto domiciliario.
Otros investigados
Por el cuádruple homicidio y el robo de varias cabezas de vacunos también se encuentran procesados por los hechos punibles de homicidio doloso, robo agravado, hurto especialmente grave, abigeato y asociación criminal fueron imputados tanto el capataz Vicente Ramírez Acosta como su esposa Elizabeth Duarte Villalba.
Al igual que Aureliano Valiente Duarte, quien desde el principio de la pesquisa fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Este fue quien entregó los animales robados del establecimiento al frigorífico por un cupo suyo.