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Sarubbi y otros 36 exfuncionarios de la estatal comparecieron ayer para la audiencia preliminar de la causa ante el juez penal de Garantías de la Capital, Raúl Florentín. Luego de haber imputado por lesión de confianza, la fiscala Victoria Acuña solicitó el sobreseimiento definitivo para todos los procesados.
La agente del Ministerio Público alegó que durante la investigación, que duró un año, constató que la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay no fue objeto de perjuicio patrimonial.
La investigación penal se inició durante el gobierno de Horacio Cartes, luego de que se denunciara la conclusión de una auditoría especial del Poder Ejecutivo que había encontrado que entre 2015 y 2016, se provocó un daño patrimonial de G. 17.590.301.286 a la Essap.
Sin embargo, en su pedido de sobreseimiento, la fiscala Acuña argumentó que si bien la figura del anticipo de fondos a rendir no estaba reglamentada, los imputados realizaron y presentaron sus respectivas rendiciones de cuentas; y que los bienes fueron adquiridos y los servicios fueron prestados a la empresa estatal.
La agente del Ministerio Público ratificó su pedido durante la audiencia preliminar, pero el juez Florentín resolvió dar trámite de oposición a la solicitud.
Ahora la defensa tiene 5 días para apelar la resolución del magistrado y, en caso de que quede firme el trámite de oposición, el Ministerio Público tendrá diez días hábiles para ratificar el pedido de la fiscala Victoria Acuña, para que todos los procesados sean sobreseídos, o bien, presentar acusación contra los mismos y solicitar que el juez eleve la causa a juicio oral y público.
Sarubbi: “Es un tema político”
El expresidente de la Essap Omar Ludovico Sarubbi aseguró que su causa tiene un trasfondo político y por eso el juez Raúl Florentín no resolvió su sobreseimiento definitivo junto a los demás procesados.
“Las autoridades del actual gobierno están buscando el pelo en la sopa. Yo incluso fui intimidado por la prensa porque hablan de un blanqueo”, dijo el exfuncionario.