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La condena fue dictada por el Tribunal de Sentencia, presidido por Blanca Gorostiaga e integrado por Lourdes Peña y Manuel Aguirre (disidente).
El juicio se realizó con base en un negociado gestado en el 2015 y que se frustró por cuestiones ajenas a los intervinientes.
En el 2016, justamente se filtraron audios entre Ochipinti y el director de Gabinete del Indert, David Bogarín, que dejaron al descubierto los entretelones de las tratativas con la Fundación Oriente y otras.
Se trata de una propuesta presentada al Indert en setiembre del 2015 por la Fundación Oriente, de Liliana Fernández, para la construcción de pozos artersianos en tres asentamientos de Canindeyú, para proveer agua potable a 162 familias. La Fundación presentó un presupuesto de la empresa R.G.C. Construcciones por G. 1.260.746.801 para la compra de materiales, cuya financiación solicitó al Indert.
La propuesta fue aprobada y se ordenó el desembolso del 60% del costo total, que no se materializó porque la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET) objetó que la Fundación Oriente ya había recibido un desembolso anterior y no podía tener dos proyectos.
Documentos falsos
En juicio se comprobó que los documentos presentados por la citada fundación eran totalmente falsos.
También en juicio, el supuesto propietario de la firma R.G.C. Construcciones, Esteban Aquino Cabrera dijo que nunca se dedicó a la construcción, que trabaja como peón de estancia y negó haber presentado presupuesto alguno a la Fundación Oriente, que dijo además desconocer por completo. La dirección presentada como supuesto asiento de la firma tampoco corresponde, pues ahí jamás funcionó oficina alguna, conforme declaró en juicio la familia que ahí reside hace más de 10 años.
El Tribunal en mayoría concluyó que Ochipinti incurrió en el ilícito al no corroborar la veracidad y autencidad de la documentación presentada por la Fundación Oriente, que según datos, tampoco funcionaba en la dirección indicada.
Condenado, con libertad bajo fianza
Santiago Ochipinti, presidente de la Confederación Paraguaya de Basquetbol, únicamente irá a la cárcel cuando la sentencia en su contra esté firme. Así lo resolvió el Tribunal de Sentencia que ratificó la libertad bajo fianza, de G. 2000 millones, que pesa contra el mismo.
También estuvieron procesados en esta misma causa la presidenta de la denominada Fundación Oriente, Liliana Esperanza Fernández Villagra, por tentativa de estafa y producción de documentos no auténticos, y el funcionario de la asesoría jurídica del Fides, Fredy Librado Velázquez Agüero. Ambos fueron beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento, salida procesal que evita el juicio oral.