Cargando...
“Un dactilógrafo, que es el corazón de un juzgado, hoy día está ganando 2.400.000 guaraníes y un actuario judicial, que refrenda la firma de un magistrado, percibe G. 5.200.000 y hace siete años que no tenemos una suba”, expresó la sindicalista.
Ocholasky agregó que en ese lapso la depreciación del salario fue del 145%, por lo que con el reajuste salarial que ahora pide el sector, ni siquiera se están “asomando a la pérdida del valor adquisitivo” del sueldo que perciben, según argumentó.
Además del aumento, la medida de fuerza es también en reclamo de la reposición de G. 125.000 millones que fueron recortados a la Corte Suprema de Justicia, la creación de nuevos cargos, el seguro médico y la bonificación para los magistrados y actuarios.
Ocholasky garantizó que durante la medida de fuerza se garantizan los servicios de habeas corpus, restitución del menor y la oficina de Atención Permanente, como así también la realización de aquellos juicios orales que ya hayan sido notificados.
Corte pide informes
Ante la comunicación oficial del inicio de la huelga general de funcionarios, el presidente de la máxima instancia judicial, Eugenio Jiménez Rolón, solicitó la remisión de los documentos presentados a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que, en menos de 24 horas, dictamine sobre el estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes sobre la realización de esta medida de fuerza.
Al respecto, emitió dos circulares, una dirigida a la Dirección de General de Recursos Humanos, para que se informe sobre cumplimiento de la Providencia de fecha 7 de noviembre de 2019, por el cual se dispuso que magistrados y directores a través de la Dirección General de Recursos Humanos, remitan los listados y controles sobre la huelga de funcionarios.
La otra es para la directora general de los Registros Públicos y la directora del Registro de Automotores, para que informen sobre el listado de los funcionarios de sus respectivas direcciones que se han adherido a la huelga.