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La reunión será en el Palacio de Justicia, ocasión en que Porfiria Melgarejo de Ocholasky, secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar), y Odilón Turo, secretario general del Sindicato de Funcionarios del Ministerio Público, entre otros gremialistas, deben definir la fecha de inicio de la medida de fuerza.
“La huelga ya está declarada y va a ser de treinta días. Solo falta decidir el lunes (hoy) a partir de cuándo empezamos”, explicó la sindicalista
La huelga general de ambas instituciones, que por primera vez se realiza en forma conjunta, tiene el objetivo de presionar para la obtención de un reajuste salarial del 20% y el pago de bonificaciones en distintos conceptos y horas extraordinarias.
Actualmente, los pagos de bonificaciones y horas extras han sido recortados por la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de un plan de racionalización. Pese a los distintos pedidos de reconsideración, los ministros se han mantenido invariables en esta decisión.
Ocholasky sostiene que las pretensiones planteadas están contempladas dentro del tope del 3% que le corresponde al Poder Judicial, en el Presupuesto General de la Nación (PGN).
La gremialista indicó que prácticamente todos los gremios que nuclean a los funcionarios del Poder Judicial y Dirección General de Registros Públicos se adhieren a la medida de fuerza, por lo que espera un acatamiento total tanto en la capital como en el interior del país.
Actualmente el Poder Judicial tiene un total de 10.800 funcionarios en todo el país, de los cuales unos 1.500 cubrirán los servicios básicos durante la huelga.
Hasta ayer, ningún gremio de abogados se pronunció sobre el particular, pero tal como hicieron anteriormente, seguro solicitarán los descuentos correspondientes.
Beneficios en el Presupuesto 2020
El presupuesto total solicitado por la Corte Suprema de Justicia para el ejercicio 2020 es de 1 billón 638 mil millones de guaraníes.
La referida propuesta tiene un incremento de G. 258.000 millones con relación al presupuesto de este año, de los cuales G. 152.000 millones son para el incremento salarial de los funcionarios judiciales, el aumento de la bonificación de magistrados, el pago de bonificación a funcionarios de registros y por grados académicos.
G. 9.000 millones más son para seguro médico.