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Néstor Arévalo fue aprehendido a las 6:30, sobre la Ruta PY10 en la ciudad de San Estanislao, departamento de San Pedro. Luego fue trasladado a su domicilio, donde quedó bajo arresto, pues a pesar de estar suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados mantiene sus fueros.
En el caso de Alberto Orella, los intervinientes, a cuya cabeza estuvo el fiscal Denis Yhong, procedieron a la detención en su propio despacho, a las 8:00.
Ya en horas de la tarde, la fiscala Irene Álvarez formuló imputación contra ambos por el hecho punible de cohecho pasivo agravado.
Habrían dado beneficios
Tanto el auxiliar de justicia como el director penitenciario son investigados porque supuestamente favorecieron a los reos Ángel Tranquilino Giménez y Víctor Brítez Aranda alias Chapalo, quienes cumplen condenas de 21 y 26 años de cárcel.
Brítez fue trasladado del pabellón de la cárcel de San Pedro en el que cumplía su pena al recinto denominado “Granja Porvenir”, ubicado detrás de la referida penitenciaría. El sitio, destinado para el régimen de libertad semiabierta, no estaba habilitado por el Ministerio de Justicia.
Tranquilino Giménez, por su parte, primero fue tras-
ladado del penal de Ciudad del Este a la Penitenciaría sampedrana. Fue Orella quien permitió que el integrante del grupo de Jarvis Chimenes Pavão sea trasladado de una penitenciaría a otra. Tras su arribo al penal de San Pedro, Giménez solicitó ser beneficiado con un régimen de semilibertad, que le fue otorgado por el juez Arévalo.
Presuntas coimas
Tras la masacre en el penal sampedrano, en la que murieron 10 personas y otras 11 resultaron heridas, ocurrida el 16 de junio pasado, Giménez fue trasladado de nuevo a la cárcel del Este, donde fue asesinado el 27 de agosto de este año.
Horas después de la masacre la granja fue allanada. Se incautaron los teléfonos celulares de Giménez y Brítez en los que se hallaron conversaciones con abogados, en las que se aluden a pagos de coimas.
El procedimiento fue realizado en forma conjunta por la fiscalía, Crimen Organizado de la Policía y el Ministerio de Justicia.
Masacre desencadenó investigación
La pesquisa de la que hoy son blanco el juez Néstor Arévalo y el director penitenciario de Ciudad del Este, Alberto Orella, se inició prácticamente el 16 de junio cuando se registró la matanza por parte de internos del Primer Comando da Capital (PCC), presos en la cárcel Regional de San Pedro.
Pues los dos reos, Tranquilino Giménez y Víctor Aranda, están vinculados a los citados, en el marco del usufructo irregular de la “granja vip”, que fue descubierta e intervenida luego del mortal amotinamiento.
Varios allanamientos se llevaron a cabo en dicho establecimiento, con la finalidad de hallar elementos que demostrasen el modo de empleo de la granja y desde cuándo estaban siendo utilizadas por algunos criminales.