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El JEM ya intervino de oficio y ayer el defensor del Pueblo Miguel Godoy pidió la suspensión de los jueces. A esto se sumó el hecho de que el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema dispuso una auditoría al expediente.
El fallo del tribunal de sentencia de Paraguarí conformado por los jueces Gerardo Ruiz Díaz, Jorge Giménez y Hugo Ríos Alcaraz, no solamente mereció el repudio de la ciudadanía por haber aplicado una leve condena de 2 años con suspensión de la ejecución de la pena, sino porque en la argumentación de explicación de su resolución, el tribunal utilizó un lenguaje soez y nada técnico que ofendió a quienes lo escucharon.
Los miembros del tribunal de sentencia defendieron la manera en que se expresaron y alegaron que es la forma en que se dirigen al auditorio para el interior del país para que se pueda entender el fallo. Los jueces también explicaron que el padrastro condenado ya había estado por unos 8 meses con prisión preventiva en la penitenciaría de Misiones, y que el acusado no tenía antecedentes, al tiempo de cuestionar el trabajo de la fiscala Mercedes Vera, de quien dijeron no presentó como testigos al médico forense ni a la sicóloga que entrevistó a la niña.
El colegiado también indicó que en el abuso sexual no se registró el coito (penetración), sí hubo “tocamientos” y “eyaculación”.
El Ministerio de la Niñez y Adolescencia también se pronunció. “Esta indignación, a la cual nos adherimos, evidencia que la ciudadanía comprende a cabalidad que el abuso sexual hacia una niña, niño o adolescente es un crimen, y que merece que la víctima tenga justicia”, indica.
Lenguaje técnico jurídico, ausente
La ministra de la sala penal Dra. María Carolina Llanes afirmó que los términos utilizados por el magistrado no condicen con el lenguaje técnico jurídico que corresponde al caso, tema que incluso es una materia abordada en la Escuela Judicial. Llanes exteriorizó en redes sociales su indignación ante los términos utilizados por el Tribunal de Paraguarí para explicar su sentencia.