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El decreto refiere que los efectivos de las Fuerzas Públicas e integrantes del personal penitenciario dependientes del Ministerio de Justicia, en la seguridad y vigilancia de los establecimientos penitenciarios.
Señala que ante la existencia de amotinamiento y/o cualquier otra situación de crisis que pudieran surgir en los establecimientos penitenciarios, las fuerzas públicas, deberán actuar de manera inmediata prestando la colaboración necesaria, debiendo observarse las previsiones establecidas en el Reglamento de Motines del Ministerio de Justicia, cuyo texto debe ser entregado, para su toma de razón, a cada una de las instituciones.
La disposición establece que el Ministerio de Justicia debe acondicionar y mantener el lugar donde se desenvolverán las fuerzas públicas en los establecimientos penitenciarios de todo el país, previo diagnóstico situacional derivado de la Dirección General de Obras del ente.
La Ley 6396 refiere en el artículo 1° de esa normativa promulgada por el Ejecutivo se establece que tendrá vigencia por el plazo de 365 días.
Además, el decreto estipula la ampliación y aprobación presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2019, por un monto total de G. 13.807.500.000. Todo esto con carácter de excepción.