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El anuncio de la ministra Gladys Bareiro duró menos de 1 minuto, pero fue suficiente para sembrar una gran preocupación en esferas jurídicas por el daño que podría causar al proceso de transparencia de la justicia.
En su carácter de presidenta de la Sala Constitucional, Bareiro pidió autorización para encargar a la asesoría jurídica la presentación de la acción de inconstitucionalidad contra la Ley 6299/19, promulgada en mayo último, que obliga a realizar en forma pública las sesiones de la Sala Constitucional.
Al parecer, ya estaba todo “cocinado”, pues a pesar de que Bareiro no explicó sus razones, nadie realizó consulta alguna sobre sus motivaciones. Ante el silencio de los demás ministros –con excepción del doctor Manuel Ramírez Candia, quien no estuvo presente ayer–, el pleno aprobó la propuesta sin indagar siquiera el porqué.
También ayer, el ministro César Garay expresó su postura respecto al proyecto de racionalización de gastos, en la que reitera su oposición a la misma creación del Consejo de Administración Judicial, entre otras observaciones. Por otro lado, se resolvió realizar consultas a los jueces sobre la posibilidad de realizar audiencias para el estudio de medidas cautelares a la tarde.
Asimismo, el pleno dispuso ayer la suspensión sin goce de sueldo del fiscal Gustavo Yegros, procesado por cohecho pasivo y otros delitos en el caso Reinaldo “Cucho” Cabañas.
“Es un día nefasto para la República”
Abogado Ezequiel Santagada, del Grupo Impulsor de Acceso a la Información: “Es un terrible retroceso. Claramente no están buscando que se exceptúen algunas acciones de inconstitucionalidad, están buscando que ninguna sea pública; porque la ley contra la que accionarán (la 6.299/19) permite que en casos debidamente fundados se suspenda la transmisión. Acá pretenden anular una de las leyes fundamentales en las que se sustenta la transparencia gubernamental. Es día nefasto para la República”.