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Hasta hoy, el tema se maneja con un llamativo hermetismo de parte de las autoridades que intervinieron en el proceso de sobrecompra de las armas, balas y equipos. Por un lado, la empresa adjudicada, Comtecpar, afirma que no incurrió en irregularidades porque contó con la autorización de la directora de la Unidad de Contrataciones de la Corte Suprema de Justicia, Liz Fátima Insfrán.
En el proceso también intervino la Dimabel, cuyo titular, el Gral. Carlos Campos Krauer, firmó las autorizaciones para la sobrecompra de cinco rifles y más de 12.000 balas, además de 20 miras láser.
Las rúbricas de Liz Insfrán y Campos Krauer figuran en los formularios de pedido al Gobierno de los Estados Unidos. En esos documentos se indicaba que todos los elementos que iban a ser comprados serían para la Corte. Sin embargo, las armas fueron vendidas a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y las balas, a diferentes empresas y civiles.
Llamativa actitud
En febrero del año pasado, fue el propio ministro de la Corte, Víctor Núñez, quien denunció el hecho ante el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Este ordenó la conformación de un equipo fiscal compuesto por Federico Delfino, Francisco Ayala y Sandra Quiñónez. Delfino y Ayala firmaron el pasado 29 de enero, en plena feria judicial, un pedido de desestimación del caso, porque “no encontraron irregularidades”. Este escrito, sin embargo, no fue rubricado por la agente fiscal Sandra Quiñónez. Trascendió que no estuvo de acuerdo con el contenido y con el manejo que se brindó al caso.
La jueza Griselda Caballero hizo lugar al pedido de desestimación en un tiempo récord de cinco días el último 4 de febrero. De esta manera, el caso quedó finalmente blindado.
Posición de la Corte
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Torres Kirmser, afirmó a través de un comunicado remitido a ABC que los argumentos de la máxima instancia judicial no violan la Ley 4036, que reglamenta la compra, tenencia e importación de armas. “Las armas adquiridas fueron destinadas al uso privativo de los Órganos de Seguridad del Estado, en este caso de los oficiales de policía asignados a custodiar a los ministros (…). Todas las armas adquiridas están registradas en el Sistema de Identidad Balística de la Policía Nacional. Fue la propia CSJ la que remitió los antecedentes al Ministerio Público, ante la denuncia de que se adquirió mayor cantidad de equipos e insumos de lo solicitado”, afirma la nota.
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