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BOGOTÁ (AFP).“De llegar a firmarse esos acuerdos, y como las FARC no se comprometen a entregar sus bienes derivados del narcotráfico, el cumplimiento de este acuerdo será la más grande operación de lavado de activos de la historia colombiana”, indicó el senador Alfredo Rangel, que acompañó en una conferencia de prensa a Uribe, principal crítico de los diálogos con la guerrilla.
Uribe, que gobernó entre 2002 y 2010, calificó los compromisos adoptados en La Habana entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Juan Manuel Santos, como “señales de peligro para la democracia”.
El Centro Democrático, creado por Uribe cuando decidió desmarcarse de Santos después que este inició las negociaciones, también aseguró que el acuerdo plantea expropiaciones ilegales.
“Es una advertencia general de que ninguna propiedad legal tiene seguridad ni garantía jurídica”, estimó ese partido en un documento titulado “Las 52 capitulaciones de Santos en La Habana”.
Desde el inicio de las negociaciones en Cuba en noviembre de 2012, las partes han acordado tres puntos: sobre desarrollo rural, participación política y drogas ilícitas.
“Se ajustan a leyes”
Con respecto al tema de la tierra, clave en el origen del conflicto que comenzó hace 50 años en Colombia, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, defendió que los acuerdos logrados con la guerrilla se ajustan a las leyes y la constitución de 1991.
“Afirma el Centro Democrático que se crean nuevos mecanismos de extinción y expropiación cuando la extinción de dominio por inexplotación se encuentra consagrada en nuestra legislación desde hace casi 80 años y nuestra constitución la reafirmó”, dijo De la Calle en un comunicado emitido desde Cuba.
Para Luis Eduardo Celis, experto de la Corporación Nuevo Arcoíris, los compromisos que contienen los acuerdos ya están contemplados en la constitución que rige desde 1991, aunque “son temas que no están resueltos en la práctica”.
“La expropiación está contenida en la constitución, lo que pasa es que son temas que puede que vayan a requerir un desarrollo normativo”, explicó.