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El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, denunció que la práctica institucional en México “va en contrasentido de lo que está diciendo la reforma constitucional y las políticas públicas”.
México sigue sin conocer el paradero de 43 estudiantes desde que fueron atacados a tiros por policías y narcotraficantes en la ciudad de Iguala a fines de setiembre.
A este crimen, que escandalizó al país y al mundo, se le suma la acusación contra tres militares de haber ejecutado al menos a ocho presuntos secuestradores luego de que había concluido un enfrentamiento en Tlatlaya (centro).
Según Álvarez Icaza, ambos casos abren “un corchete de veracidad sobre la política pública y la eficacia de la política pública”.
“Tienen que revisarse cuáles son los mecanismos que no están funcionando”, añadió, al presentar el calendario del 153º periodo de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tendrán lugar en Washington del 27 al 31 de octubre.
Tema de debate
Cinco sesiones tienen a México de protagonista y se espera que los casos de Iguala y Tlatlaya -sobre los cuales la CIDH otorgó medidas cautelares- surjan en los debates entre organizaciones civiles y representantes del Estado de cara a los comisionados.
La comisionada para la Niñez, Rosa Ortiz, y Álvarez Icaza evaluaron los avances de la búsqueda de los estudiantes durante una reunión el lunes en México con el procurador general, el secretario de la Gobernación y familiares de las víctimas, dijo el secretario.
Según el responsable, la Comisión, un órgano autónomo de la OEA, valoró la “importancia” que le da el Gobierno mexicano al caso, pero insistió en que la “prioridad” es hallar a los estudiantes.