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PARÍS (AFP). La incertidumbre sobre la capacidad de pago de Venezuela –otrora el país más rico de América Latina– va en aumento desde que el equipo financiero del Gobierno chavista comenzó a retrasar en octubre el abono de cupones de bonos por unos US$ 750 millones.
Pero Rusia y China, dos principales acreedores y aliados, a los que Venezuela les debe respectivamente ocho y US$ 28.000 millones, se comprometieron en acuerdos para reestructurar las deudas.
Si el gobierno decide ponerse al día con sus compromisos externos, no le quedarán fondos para la compra de alimentos, medicamentos y otros artículos de primera necesidad; lo que provocaría un estallido social; en un momento en que el chavismo intenta como sea mantenerse.
Pero si no paga sus deudas, se le complicará acceder a préstamos internacionales.
PDVSA es el sostén de la economía venezolana, al generar 96% de las divisas, por lo que un default agravaría la profunda crisis que inició con la caída de precios del crudo.
La calificadora financiera Fitch degradó a “default restrictivo” la nota de PDVSA por considerar que retrasó el pago de vencimientos de su deuda.
Declarada en default parcial sobre su deuda por la agencia de calificación financiera SP Global Ratings, el país caribeño podría unirse próximamente a la larga lista de naciones que entraron en cesación de pagos: Grecia (2015), Ecuador (2008), Argentina (2001), Rusia (1998) y México (1982).
El presidente socialista, Nicolás Maduro, bajo cuyo gobierno el país afronta grave escasez de alimentos y medicamentos, había convocado a los acreedores para reestructurar su deuda exterior, estimada en US$ 150.000 millones, ya que apenas dispone de US$ 9.700 millones de reservas y debe desembolsar al menos US$ 1.470 millones antes de final de año y otros US$ 8.000 millones en 2018.
Participantes de la reunión en Caracas se retiraron sin propuestas concretas. El gobierno de la revolución bolivariana solo se limitó a informar a sus acreedores de sus limitaciones para pagar.