Cargando...
CARACAS (EFE). Al menos 14 millones de personas, según el Gobierno, han sido censadas en el país a través del sistema de vigilancia con el que el propio gobernante venezolano bromea públicamente diciendo que le permite saber cuántas personas hay en una sala e incluso quiénes están embarazadas.
El control omnipresente que busca el chavismo no deja de recordad a la emblemática novela “1984”, de George Orwell, donde el “Gran Hermano” vigilaba constantemente a toda la población.
La tarjeta de identificación tiene un código QR (código de respuesta rápida por sus iniciales en inglés), una evolución del código de barras que permite el almacenamiento y lectura de una lista de información ilimitada según su requerimiento.
Esas cédulas disponen información sobre beneficios recibidos por el Gobierno, militancia en partidos políticos, si forman parte de las familias que reciben alimentos subsidiados, e incluso datos sobre sus redes sociales, así como controlar si asisten a eventos que realiza el régimen, como la “votación sectorial” que se realizará el 30 de julio.
En esa fecha se designará a los integrantes de la Constituyente creada por el Gobierno para contar con una herramienta “legal” que impida que “más nunca” nadie los desplace del poder, como los propios personeros del régimen han afirmado públicamente.
El sistema, pagado con dinero público, pero puesto a disposición del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), es usado por esta agrupación para vigilar, en principio, a los propios oficialistas, al permitir su ubicación, con lo que se les puede controlar con un enorme grado de efectividad.
Esta tecnología es la principal herramienta usada por el régimen, a través del Partido, para vigilar y movilizar a sus cuadros, para el próximo 30 de julio.
Inducir a la votación es clave para completar el proceso con el que Maduro prevé cambiar la Constitución, sin importar a quién “voten” porque no hay candidatos opositores, que se negó a participar en ese “circo”.
No obstante, el chavismo busca una alta participación para intentar dar legitimidad a la votación, en momentos en que más alrededor del 80% del pueblo está en su contra, de acuerdo a las últimas elecciones legislativas, y todos los estudios recientes.