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Utah es, de hecho, el último estado de EE.UU. que ejecutó a un condenado a muerte por fusilamiento: fue el caso de Ronnie Lee Gardner en 2010, que optó voluntariamente por ese método.
Aunque el Estado decretó en 2004 la inyección letal como el método a usar para las ejecuciones, los condenados a muerte antes de ese año aún pueden elegir si prefieren hacerlo así o por fusilamiento.
El representante republicano Paul Ray, quien impulsó la iniciativa, defendió en declaraciones al periódico “Los Angeles Times” que el fusilamiento es una opción más humana que una inyección defectuosa.
Utah es uno de los estados con menos presos en el corredor de la muerte, tan solo nueve, según datos del Centro de Información de la Pena de Muerte (DPIC), y ninguno de ellos tiene programada su ejecución para antes de 2017.
Desde que la pena capital se reinstauró en Estados Unidos en 1976, solo tres de los 1.402 presos ejecutados lo han sido por fusilamiento: dos en Utah y uno en Oklahoma.
De hecho, Oklahoma también tiene aprobado el fusilamiento como una opción en caso de que las inyecciones se declaren inconstitucionales.
En 2011 los estados empezaron a tener problemas con el suministro de las sustancias que se usan en las inyecciones después de que la empresa estadounidense Hospira dejara de producir el componente esencial de la mezcla.