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Según el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Lionel Briozzo, estos abortos se realizaron fundamentalmente en Montevideo, donde vive aproximadamente la mitad de la población del país y en centros privados de salud.
“No se reportó ningún tipo de complicaciones en los procedimientos que se realizaron a lo largo y ancho del territorio y no hubo problemas graves, sí respecto a los plazos para llevar adelante el procedimiento, pero hay que ir afinándolo con el desarrollo de la implementación”, dijo el funcionario.
Briozzo consideró que los primeros resultados han sido “interesantes” y destacó que cerca del 20% de las mujeres que solicitaron información para abortar en el Hospital Pereira Rossell, la mayor maternidad del país, decidieron seguir con el embarazo, lo que a su juicio “ratifica que se trata de una ley proderechos y no proaborto”, indicó.
El subsecretario calificó la nueva ley como “una verdadera ley de promoción de la paternidad y maternidad responsable”, y que solo abre la puerta al aborto tras el asesoramiento de un equipo multidisciplinario para que las mujeres puedan evaluar “de forma consciente, responsable y libre respecto a la interrupción”.
“Estamos convencidos -porque la evidencia internacional así lo indica- de que este tipo de leyes, más las políticas públicas de anticoncepción y planificación familiar y educación en salud sexual y reproductiva tienen como objetivos: mejorar la salud, la calidad de vida de las mujeres, disminuir la mortalidad materna y disminuir el número de abortos”, explicó.
Briozzo también explicó que tan solo un 30% de los ginecólogos presentaron su objeción de conciencia.