El decreto que reglamenta la ley –que transformó a Uruguay en el segundo país de Latinoamérica en despenalizar el aborto– entrará en vigencia en diez días.

“Las bases para esta reglamentación son sin dudas la confidencialidad en la consulta y que sea la mujer quien asuma conscientemente la decisión libre informada y responsable de interrumpir el embarazo”, señaló Leonel Briozzo, subsecretario de Salud Pública (MSP).

Además asegura el “respeto a la autonomía, a la decisión de la paciente y en cuarto lugar la seguridad”, del procedimiento agregó Briozzo, quien explicó que a la reglamentación se suma un manual de procedimiento para las instituciones y los profesionales de la salud, y una guía técnica. La ley prevé no penalizar la interrupción del embarazo en las 12 primeras semanas de gestación si la mujer se entrevista con un equipo interdisciplinario.