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El presidente de la Cámara de Diputados, primero en la línea de sucesión presidencial, Rodrigo Maia, aseguró que el presidente Michel Temer tendrá mayores “dificultades” para superar la nueva denuncia por corrupción que pesa en su contra, señala en una publicación el diario Folha de São Paulo.
Según Maia, el mandatario cometió errores en su relacionamiento con sus aliados en el Congreso, donde se encontrará con un ambiente menos favorable que en la denuncia anterior, aunque aun así obtendría los votos suficientes para desestimar la acusación presentada por la Procuraduría de la República, por presunta obstrucción a la justicia y asociación ilícita.
Temer presentó sus alegatos a la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados –que tramita el caso actualmente–, en los que niega en forma enfática que haya incurrido en algún tipo de delito.
Una vez recibidos los descargos del mandatario, la comisión tiene un plazo de hasta cinco sesiones para redactar un informe sobre el asunto, que luego será remitido para análisis al pleno de la Cámara de Diputados.
En esa última instancia, si una mayoría calificada de dos tercios –equivalente a 342 votos– considera que existen indicios contra el presidente, la Corte Suprema quedará autorizada para analizar las acusaciones y decidir si instaura un juicio penal.
Si así fuera, Temer sería suspendido de sus funciones durante los seis meses que duraría el proceso, al cabo del cual sería destituido si fuera hallado culpable.
Durante ese período, Temer sería sustituido por el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia, quien en caso de culpabilidad debería convocar a las cámaras para una elección indirecta y escoger a quien gobernaría el país hasta el fin del actual mandato, que vence el 1 de enero de 2019.
Pero si Temer fuera declarado inocente, recuperaría el poder y debería completar el período.
Apoyada en los mismos testimonios de ejecutivos de JBS, la Fiscalía acusó en julio pasado a Temer de corrupción pasiva, pero la base oficialista en la Cámara de Diputados impuso su mayoría y negó la autorización que la Corte Suprema necesitaba para analizar el caso.