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El gobierno central español toma muy seriamente la moción de censura presentada el pasado viernes por el Partido Socialista (PSOE) de Pedro Sánchez, principal fuerza de la oposición.
Esta crisis política estalló tras conocerse la sentencia de caso de corrupción llamado “Gürtel” en el que 29 personas, entre ellos directivos o representantes electos del Partido Popular (PP) de Rajoy fueron condenados a prisión.
La sentencia condenó además al PP a pagar 245.492 euros (G. 1.700 millones) como “partícipe a título lucrativo” de la trama.
La justicia también confirmó la existencia de una “caja B” en el seno de la formación, “una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989”. Los jueces ponen además en tela de juicio la credibilidad del testimonio de Rajoy del año pasado durante el juicio, que había negado la existencia de una caja paralela.
Elecciones Ayer el PSOE clarificó sus intenciones. Si Pedro Sánchez reune suficientes diputados para tomar el lugar de Rajoy, el PSOE quiere “gobernar el tiempo que considera oportuno y después convocar elecciones”, dijo una de sus portavoces Carmen Calvo, exministra de Cultura.
Para lograr que se vote su moción, el PSOE se apoya en la izquierda Podemos, pero debe aún convencer a independentistas catalanes y a los nacionalistas vascos o a los liberales de Ciudadanos. Aunque este partido se rehúsa a apoyar la moción, ayer dijo que estaba listo para hablar con el PSOE .
El entorno de Rajoy lanzó el contraataque. “Pedro Sánchez pretende llegar al Gobierno de la mano de los independentistas que pretenden romper España y de los herederos del terrorismo”, acusó Fernando Martínez-Maillo, coordinador del PP, estimando que “si no retira la moción pasará a la historia como el Judas de la política española”.