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El plan Cóndor fue uno ideado por el general Augusto Pinochet que orquestó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
El pasado diciembre se escucharon los alegatos de los abogados defensores y el tribunal presidido por la jueza Evelina Canale fijó la última audiencia para el 17 de enero de 2017, y del que participará el vicepresidente uruguayo, Raúl Sendic.
El Tribunal de Roma celebra este proceso en primera instancia desde el 12 de febrero de 2015 y el caso fue abierto tras una larga investigación del fiscal italiano Giancarlo Capaldo.
En la lista de acusados que presentó inicialmente Capaldo figuraban hasta 140 acusados de Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia.
Sin embargo, las trabas burocráticas a la hora de notificar las imputaciones de la Justicia italiana y la muerte de los acusados, ya de avanzada edad, han acabado fijando la lista de imputados en los 28 actuales.
En octubre pasado la fiscal Tiziana Cugini pidió cadena perpetua para 27 de ellos: dos de nacionalidad boliviana, siete chilenos, cuatro peruanos y catorce uruguayos.