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RSF afirma que el Departamento de Justicia estadounidense envió el pasado 10 de mayo un correo a AP en el que le informaba de la investigación de veinte líneas telefónicas, pero “sin precisar ni los motivos ni los argumentos legales del procedimiento”.
Recuerda que esa actuación habría tenido como objetivo descubrir a los informantes de AP en relación con una operación de la CIA en Yemen para evitar un atentado de Al Qaeda.
“Suscribimos las palabras de Gary Pruitt, director general de AP, quien denuncia una ‘intromisión masiva y sin precedentes’”, en una comunicación enviada al secretario de Justicia de EE.UU., Eric Holder.
“Reporteros sin Fronteras pide al Departamento de Justicia que acceda sin demora a la petición de AP de entregarle –o destruir– los datos de los teléfonos. Estimamos también que hechos tan contrarios a las garantías constitucionales exigen un examen ante una comisión de investigación del Congreso”, agrega RSF en un comunicado.
Además, la organización con sede en París “constata con preocupación que la administración federal actual no ha roto con las prácticas en vigor durante el doble mandato de George W. Bush, que sacrificaron los datos privados y sobre todo el derecho de los ciudadanos a estar informados”, añade.
RSF considera que este suceso demuestra la necesidad de que haya en Estados Unidos una ley federal “en materia de protección de fuentes (federal shield law). Un principio que 34 Estados de la Unión reconocen, en diversos grados, en su legislación”.
Por su parte, el procurador general Eric Holder dijo ayer que la filtración de datos sobre operaciones contra Al Qaeda es un asunto “muy grave” y “pone a los estadounidenses en riesgo”.
“Esta fue una fuga muy, muy seria”, dijo Holder sobre la publicación que provocó la intercepción de registros telefónicos de periodistas.