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Cerca de un tercio de la bancada republicana en el Senado (14 sobre 46) votó a favor de la reforma, pero esos legisladores “deberán explicarse ante sus electores, y decir por qué no se trata de una amnistía, cuando es evidente que sí lo es”, dijo Dan Holler, del influyente lobby conservador Heritage Foundation.
Los republicanos decidieron oficialmente en marzo apoyar los principios presentados por los demócratas con el propósito admitido de recuperar terreno entre los hispanos, que representan el 10% del padrón electoral y sin el cual recuperar la Casa Blanca se hace muy difícil.
Una amplia mayoría de los estadounidenses también es favorable a la regularización de 11 millones de indocumentados que existen en el país.
Pero el movimiento ultraconservador Tea Party se opuso al proyecto y abrió las hostilidades con los republicanos que apoyan la reforma.
En la Cámara Baja, controlada por los republicanos, el presidente John Boehner advirtió que no hará votar ningún texto que no tenga el aval del mencionado movimiento conservador. Sus miembros recuerdan que en 1986, y a pesar de las promesas, la seguridad en la frontera con México –una exigencia capital de los conservadores– apenas fue reforzada.
La Cámara de Representantes no analizará directamente las medidas del Senado, que prevé regularizaciones masivas al final de un proceso de 13 años y un fortalecimiento excepcional de la vigilancia de la frontera mexicana: aprobará sus propias medidas, tal vez antes de las vacaciones de agosto, y luego ambas versiones deberán armonizarse.