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Los dirigentes de los trabajadores estatales, como Mario Huamán, de la Confederación General de Trabajadores, sostienen que si el Congreso aprueba esa ley, habrá “despedidos masivos”.
Sin embargo, el jefe del consejo de ministros, Juan Jiménez, aseguró que el proyecto no incluye alguna posibilidad de despidos masivos, sino que busca mejorar la capacitación y rendimiento de los trabajadores estatales, en beneficio de los usuarios de los servicios públicos.
En las ciudades de Chiclayo, en el norte del país, donde la Policía reprimió un conato de disturbio, Huancavelica, Arequipa y Cusco, regiones del sur, manifestantes realizaron protestas y marchas callejeras para pedir a los legisladores que no aprueben esa ley por considerarla “lesiva” de los derechos laborales.
El jefe del consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, declaró que la ley “no vulnera derechos adquiridos de los trabajadores al servicio del Estado” y que por el contrario busca la modernización del aparato gubernamental.
En Perú hay un millón 200 mil trabajadores estatales, incluidos militares y policías, de los cuales poco más de medio millón se encuentran incursos en la nueva ley del Servicio Civil.