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WASHINGTON (AFP).“La Comisión recuerda al Estado de Venezuela su obligación de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas privadas de libertad, así como condiciones de detención conformes con los estándares internacionales en la materia”, señaló la entidad en una nota oficial.
Para la CIDH (un órgano independiente de la Organización de Estados Americanos), “es incompatible con los estándares internacionales que civiles sean recluidos en una cárcel militar”.
La nota de la CIDH recordó que el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, fue detenido por hombres fuertemente armados que no presentaron orden judicial de detención. Otros opositores, como Leopoldo López y Daniel Ceballos, están arrestados en la prisión militar de Ramo Verde, señaló la Comisión.
Para la entidad, “la detención preventiva debe utilizarse de manera excepcional”. Además, señaló la entidad, “debe aplicarse de acuerdo con criterios de necesidad, proporcionalidad y durante un plazo razonable. En este sentido, la CIDH urge al Estado a liberar a estas personas mientras están siendo procesadas”.
La CIDH “llama al Estado de Venezuela a buscar soluciones pacíficas a su actual problemática”, apuntó la nota.
Unión Europea
BRUSELAS (EFE). La Unión Europea (UE) consideró ayer que la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, es “un motivo de alarma” y pidió a Venezuela el respeto de la libertad de expresión y de los derechos fundamentales.
“La reciente detención del alcalde de Caracas y veterano líder de la oposición Antonio Ledezma es un motivo de alarma, al igual que los informes sobre la presunta intimidación y maltrato de otros líderes de oposición en prisión y de estudiantes que participaron en las protestas del pasado año”, indicó un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE en un comunicado.
Amnistía Internacional
LONDRES (EFE). Las fuerzas de seguridad en Venezuela emplearon en 2014 fuerza excesiva para dispersar protestas, y decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente y vieron negado su acceso a abogados y médicos, según el informe anual de Amnistía Internacional sobre el estado de las libertades en el mundo.
Asimismo, se denunciaron torturas y malos tratos a manifestantes y transeúntes, se siguió utilizando el sistema judicial para silenciar a críticos del Gobierno, las personas que defendían los derechos humanos fueron objeto de intimidación y ataques, y las condiciones de reclusión seguían siendo duras.