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El juez federal Robert Lasnik de Seattle, estado de Washington, aceptó la solicitud de los fiscales de ocho estados del país y el Distrito de Columbia, donde está la capital Washington.
“Es una locura dar a los delincuentes las herramientas para imprimir en 3D armas que son imposibles de rastrear y que no se pueden detectar, con solo apretar un botón”, opinó la fiscala del estado de Nueva York, Barbara Underwood.
Luego de una larga batalla judicial a finales de junio, el gobierno federal había autorizado al grupo Defense Distributed poner en línea los planos digitales que permiten la fabricación casera de armas con una impresora 3D.
El fundador de Defense Distributed, Cory Wilson, publicó los primeros manuales en 2013, pero el Ejecutivo del entonces presidente, Barack Obama, lo prohibió al considerarlo ilegal dando inicio a una batalla en los tribunales.
Wilson se ampara en su libertad de publicación reconocida en la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU. para defender la distribución de los manuales.
Estos objetos, que se hacen de plástico, funcionan como un arma muy real. No tienen número de serie, tampoco suenan al pasar por un detector de metales y potencialmente no se pueden rastrear.