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La crisis sociopolítica que vive el país centroamericano ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega desde abril pasado.
“Nuestra Constitución Política y la Ley 872 de la Policía Nacional, establecen que toda movilización en cualquier parte del país debe realizarse una vez que los organizadores han solicitado el permiso correspondiente ante las autoridades policiales y que este haya sido otorgado”, sostiene la institución.
“La Policía Nacional ratifica que ninguna actividad puede realizarse sin la correspondiente autorización y cobertura policial a fin de no afectar la vida social, económica, comercial, financiera, religiosa y de recreación del pueblo nicaragüense”, agregó.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que la medida atenta contra los artículos 53 y 54 de la Constitución de Nicaragua, que “reconoce el derecho de reunión pacífica; el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo” y el “derecho de concentración, manifestación y movilización pública”.