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La decisión del juez Antonio de Souza Prudente, del Tribunal Federal de la Primera Región (TRF-1), con sede en Brasilia, fue dictada el viernes pasado, pero trascendió ayer por su publicación y porque fue festejada por los habitantes de la zona de las obras.
El fallo, que acoge una petición del Ministerio Público Federal, deja automáticamente “sin efecto” la licencia de instalación de la hidroeléctrica y la autorización de retirada de la vegetación.
La central comenzó a ser construida en marzo del 2011 en la localidad de Altamira (Pará), pese a la resistencia de indígenas, agricultores, pescadores y ecologistas, que están preocupados por el impacto del proyecto en la Amazonia.
La orden del juez tendrá validez por lo menos hasta que la sala quinta del mismo tribunal analice el proceso, pero la licencia ambiental solo volverá a tener validez con el “efectivo” e “integral” cumplimiento de todas las condiciones establecidas en la licencia previa, según la sentencia.