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LIMA (EFE, AFP). El Grupo de Lima pidió “una investigación inmediata, imparcial e independiente” sobre la “trágica muerte” del concejal venezolano Fernando Albán, detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la policía política del chavismo, acusado de liderar el fallido atentado contra el dictador Nicolás Maduro.
Además, los exmandatarios participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) condenaron “el desenfreno criminal represivo por parte de la dictadura venezolana, que se agrega al mantenimiento de su pueblo en condiciones de hambruna generalizada y de masiva diáspora hacia el extranjero”, dijeron en un comunicado.
Maduro no se ha pronunciado sobre el caso.
Integrado por Paraguay, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Santa Lucía, el Grupo de Lima reiteró su condena “a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la persecución política y la existencia de presos políticos”.
El reclamo de estos países para investigar la muerte del concejal venezolano se suma a pedidos similares hechos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Iglesia católica, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y varios Gobiernos.
La Fiscalía venezolana, controlada por el chavismo, informó que el concejal opositor “se suicidó lanzándose desde el décimo piso de un edificio policial cuando iba a ser trasladado a tribunales”, versión que ha sido ampliamente rechazada por la oposición y organismos internacionales que acusaron al Gobierno de asesinarlo.
Albán era concejal en el municipio caraqueño de Libertador, sede de todos los poderes públicos y territorio considerado bastión del chavismo gobernante.
Para los exgobernantes de Iberoamérica, la versión chavista de la muerte del opositor “ofende el sentido común”, y enfatizaron que antes de morir Fernando Albán “fue víctima de una desaparición forzada” y estuvo en esa situación “más de 20 horas”.