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RÍO DE JANEIRO (EFE).El autor de los supuestos pagos es el empresario Fernando Bahiano, quien se ha acogido a un acuerdo de colaboración con la Justicia y está acusado de ser intermediario en el pago de sobornos entre las empresas que prestaban servicios a Petrobras y los políticos que amparaban las corruptelas.
Según O Globo, Fernando Bahiano contó al juez que pagó gastos personales de Fábio Luiz Lula da Silva, hijo mayor del expresidente, por casi dos millones de reales (unos 530.000 dólares), con dinero procedente de la red de corrupción.
La semana pasada el Tribunal Supremo autorizó a la Policía Federal a convocar a Lula para un interrogatorio en calidad de testigo y no como investigado en relación con este caso.
La autorización para interrogar a Lula fue solicitada en setiembre pasado por un comisario de la Policía Federal que cree que el exmandatario “pudo haberse beneficiado” de la red que, según Petrobras, desvió cerca de 2.000 millones de dólares.
En su petición a la corte, el comisario responsable opinó que Lula pudo haber “obtenido beneficios para sí mismo, para su partido, el PT (Partido de los Trabajadores) o para su Gobierno, con la manutención de una base de apoyo partidaria sustentada a costa de negocios ilícitos” en Petrobras.
Políticos implicados
El “caso Petrobras” se investiga desde hace un año y la Justicia ya ha condenado a varios empresarios, ejecutivos de la petrolera y políticos implicados en supuesta corrupción.
Entre los condenados se encuentra João Vaccari, extesorero del PT, partido de la mandataria brasileña Dilma Rousseff y de Lula, y que tendrá que cumplir 15 años y cuatro meses de cárcel.
Las investigaciones se han extendido a una veintena de grandes empresas privadas que, según las autoridades, obtenían contratos amañados con la petrolera, inflaban sus valores y luego repartían las diferencias con exdirectores de la petrolera y los políticos que permitían el fraude.
Las autoridades brasileñas sospechan que parte del dinero obtenido por la red que operó en Petrobras pudo haber llegado a la campaña que el año pasado llevó a la reelección de Rousseff, un aspecto del caso que está bajo investigación judicial.
Las corruptelas en la petrolera, consideradas como las más vastas que se han descubierto en Brasil, llevaron a la oposición a exigir el inicio de un juicio con miras a la destitución de Dilma Rousseff.
Quieren evitar juicio político
RÍO DE JANEIRO (EFE). Un grupo de diputados oficialistas anunció ayer que presentó ante el Tribunal Supremo tres peticiones para que impida la posibilidad de que se inicie un juicio político con el objetivo de destituir a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
Los diputados cuestionaron la legalidad de los procedimientos para la apertura de un juicio parlamentario.