Negociadores de paz en Colombia oyen a víctimas

Doce víctimas del conflicto armado colombiano entregaron ayer sus testimonios en La Habana a los delegados de paz del Gobierno y del grupo armado de las FARC. Asimismo, estuvieron presentes en esta sesión diplomáticos de Noruega y Cuba –países “garantes” de este proceso iniciado hace dos años– y de Chile y Venezuela –que son “acompañantes”–.

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LA HABANA (AFP). Este es el cuarto de cinco grupos de víctimas que viajan a dar sus testimonios a Cuba, cada uno integrado por 12 personas, con el fin de que sus dramáticas experiencias sean consideradas por los negociadores en la reparación a las víctimas, tema actualmente en discusión.

En las anteriores visitas de las víctimas a La Habana, éstas han llamado a la “reconciliación”, pero han insistido en que debe haber “verdad” y “reparación”, tras un conflicto armado de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos y 5,3 millones de desplazados.

La violencia armada ha afectado terriblemente a miles de colombianos, como a la periodista Jineth Bedoya, quien padeció por partida doble.

Fue secuestrada por paramilitares y por las FARC, que también la mantuvieron amenazada por su trabajo investigativo.

Otro caso es el de Alberto Tarrache, quien fue reclutado por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cuando tenía 13 años.

Las AUC se desmovilizaron durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

El reclutamiento de niños y niñas es también práctica habitual de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

El coordinador residente de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, denunció hace un mes que tres víctimas que entregaron sus testimonios en La Habana habían recibido amenazas de muerte.

Hochschild ha afirmado que “los verdaderos héroes y las verdaderas heroínas de ese conflicto para mí son precisamente las víctimas (...) que han logrado trascender su dolor (...) para transformarse en luchadores para la paz”.

Este cuarto grupo de víctimas entrega su testimonio tres días después de que las FARC admitieran por primera vez que sus acciones armadas han afectado a la población civil colombiana –y no solo a las fuerzas militares– y se declarara dispuesta a asumir su responsabilidad con las víctimas.

Hasta ahora las FARC y el Gobierno han consensuado tres puntos de la agenda: reforma rural, participación política y drogas ilícitas.

Quedan pendientes, además de reparación a las víctimas, el desarme y el mecanismo de refrendación de un eventual acuerdo de paz.

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