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La estimación fue difundida por una organización no gubernamental, que calcula una cifra mayor a la aceptada hasta ahora por la mayoría de las entidades civiles involucradas.
Además de difundir estos datos, la ONG Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto “reconocer el problema y atender a quienes se han visto obligados a huir de sus lugares de origen”.
“La crisis humanitaria del desplazamiento forzoso”, como llama esta entidad al fenómeno, afecta a 14 de los 32 estados del país y la lista es encabezada por Guerrero, Oaxaca y Michoacán.
La Comisión contabilizó el fenómeno a partir de “la sistematización y análisis de estudios e informes desarrollados por académicos e instituciones dedicadas a la investigación”, así como un seguimiento hemerográfico del desplazamiento interno, según indicó.
Los datos analizados, que mostraron una cifra mayor a la aceptada hasta ahora por la mayoría de las ONG, de 250.000, son “solo una aproximación”, pues lo recurrente es que “núcleos familiares pequeños abandonen su comunidad de origen”, dijo.
El cálculo parece basarse especialmente en el estudio de Laura Rubio, autora del libro “Desplazamiento inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana”.
Según la experta, la mayoría de los desplazamientos ocurrió en un periodo que abarca de 2009 a diciembre 2014 e incluye a 30.000 personas que huyeron de los zapatistas, en 1994.