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La decisión de Águila se produce en medio del rechazo social ante la divulgación -hace una semana por el portal periodístico IDL-Reporteros- de una serie de grabaciones que revelan aparentes actos de corrupción y tráfico de influencias por parte de integrantes del CNM y jueces. La CNM es el órgano en Perú encargado de designar jueces y fiscales. En una de las grabaciones, Águila conversa por teléfono con un empresario de apellido Mendoza, quien le dice: “Necesito una empujadita (ayuda) a un amigo, Juan Canahualpa”.
A lo que Águila responde: “Ya, hermano, por este medio no, llama al número de cuatro 9, y le das”.
Canahualpa fue nombrado juez de paz en Lima.
“Sin que esto constituya ningún delito o tráfico de influencia, el señor (Juan Canahualpa) fue nombrado por unanimidad, votamos todos los consejeros su nombramiento, considero que ha quedado mellada la credibilidad de mi labor”, dijo Águila sobre esa designación.
El escándalo de los audios ya provocó la destitución del ministro de Justicia Salvador Heresi, la suspensión de cinco jueces y tres funcionarios, así como el impedimento de salir del país de varios magistrados.
El escándalo es un “déjà vu” de la historia peruana reciente, ya que la difusión de audios o videos grabados subrepticiamente provocaron la caída de dos presidentes, Alberto Fujimori en 2000 y Pedro P. Kuczynski en marzo, así como la suspensión hace un mes del popular legislador Kenji Fujimori (hijo del exmandatario).