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BARCELONA (EFE, AFP). Años de tensiones entre el gobierno regional y el poder central culminaron el viernes pasado con dos hechos sin precedentes en la España moderna: el parlamento regional declaró la independencia y el ejecutivo español de Mariano Rajoy destituyó al gobierno catalán liderado por el independentista Carles Puigdemont; y tomó el control de su administración, además de convocar a elecciones para diciembre de este año. “Todos somos Cataluña” fue el lema de la marcha de ayer organizada por una entidad denominada Sociedad Civil Catalana (SCC) y en la que participan dirigentes de Ciudadanos (liberales), PSC (socialistas) y PPC (centroderecha).
Los organizadores cifraron la asistencia en más de un millón de personas, mientras que la Guardia Urbana de Barcelona calculó unas 300.000. Entre llamados a la convivencia y la reconciliación en un conflicto que ha polarizado a la sociedad catalana, los manifestantes portaban banderas catalanas, de España, de la Unión Europea y de otras regiones españolas.
En Cataluña, con 7,5 millones de habitantes, con un idioma propio pero con muchos habitantes procedentes del resto de España, la sociedad está dividida a casi en partes iguales sobre la secesión.
Y ahora viven en realidades paralelas: unos dan validez a la declaración de la república, otros respiran aliviados tras la intervención del gobierno español, a quien piden más mano dura.
¿Quién dirige? Oficialmente, desde el sábado las funciones del gobierno regional las asumió la vicepresidenta del ejecutivo español, Soraya Sáenz.
También el parlamento está disuelto hasta las elecciones convocadas por Rajoy, el 21 de diciembre.
Además, más de 150 altos cargos fueron cesados y la cúpula de la policía regional, los Mossos d’Esquadra, relevada por órdenes del Ministerio del Interior.
Según un portavoz policial, el nuevo comando dio órdenes para retirar la escolta a los dirigentes destituidos, así como las fotografías de Puigdemont de las comisarías. Pero los líderes independentistas no reconocen el cese. En una carta en el diario El Punt-Avui, Oriol Junqueras, el vicepresidente del ejecutivo destituido, aseguraba que “el presidente del país es y seguirá siendo Carles Puigdemont”. Una fecha marcada en rojo en el calendario es hoy, cuando los dirigentes destituidos o los diputados del parlamento disuelto podrían intentar volver a sus puestos de trabajo.
En la mañana de este lunes, la fiscalía española presenta dos querellas: una contra Puigdemont por “rebelión” –un delito penado con hasta 30 años de prisión– y otra contra los miembros de la mesa del Parlament. Dilema electoral
A pesar de las causas judiciales abiertas contra él, el gobierno español entiende que Puigdemont podría presentarse a las elecciones de diciembre.
Esta convocatoria anunciada por Rajoy el pasado viernes desconcertó a los independentistas y les abrió un dilema: ¿participar y darles legitimidad o ausentarse y dejar el terreno libre a los partidos contrarios a la secesión que están ganando terreno?
Según un sondeo del diario El Mundo, los partidos independentistas perderían en unos comicios la mayoría absoluta obtenida en septiembre de 2015, pasando de 72 escaños sobre 135 a una horquilla entre 61 y 65.