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Dos meses después de lanzar la advertencia “planta parada, planta tomada por la clase obrera”, el presidente Nicolás Maduro entregó ayer a los trabajadores el control de la factoría de Kimberly-Clark en la ciudad de Maracay (centro).
La compañía anunció el sábado último la suspensión de actividades alegando un “deterioro de las condiciones económicas y de negocio” en el país petrolero, sumido en una severa crisis que mantiene paralizada gran parte de la industria.
“Vamos a proceder a firmar la solicitud que nos han hecho los trabajadores, donde planteamos (...) la ocupación inmediata de la entidad de trabajo Kimberly-Clark de Venezuela”, dijo el ministro de Trabajo, Oswaldo Vera, en la planta.
Al suscribir el documento, en medio de vítores de empleados, Vera dispuso igualmente el encendido de las máquinas, según dijo por orden expresa de Maduro.
“A partir de hoy Kimberly-Clark vuelve a abrir sus puertas”, afirmó dicho funcionario en un acto transmitido por la televisión gubernamental, y reiteró la amenaza blandida por el mandatario socialista.
“Bienvenido el sector empresarial que quiera acompañar al Gobierno, pero empresa que sea cerrada, empresa que va a ser ocupada y abierta por los trabajadores y el gobierno revolucionario”, sostuvo.
Kimberly-Clark justificó su decisión en la falta de divisas para adquirir materia prima y el acelerado aumento de la inflación, de 180,9% en 2015 y proyectada por el FMI en 720% para 2016. Según la multinacional, instalada en Venezuela desde hace más de dos décadas, ese cóctel hace “imposible operar” .
“Si el Gobierno venezolano toma el control y las operaciones de Kimberly-Clark, será responsable del bienestar de los trabajadores y de los activos físicos, equipos y maquinaria de cara al futuro”, señaló ayer en un comunicado.
La fabricante de papel higiénico, pañales y toallas sanitarias, entre otros productos, había dicho el sábado que si las condiciones cambiaran evaluaría la viabilidad de reanudar actividades.
La ley laboral venezolana autoriza la ocupación en caso de “cierre ilegal o fraudulento” de una empresa o de “paro patronal”. Una junta especial, con participación de empleados y dueños, administrará la corporación, indica la norma.
En Venezuela rige desde 2003 un férreo control de cambios, en el que el Gobierno monopoliza las divisas. El acceso a estas se resintió más por la caída del precio del petróleo.