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BUENOS AIRES (EFE). Según confirmaron fuentes parlamentarias, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados argentina emitió un dictamen favorable al cambio en la ley, con el consenso de fuerzas oficialistas y de la oposición y el rechazo del kirchnerismo.
La prohibición de presentarse a cargos electivos tendría efecto, según el borrador del proyecto, “desde que exista sentencia condenatoria en cualquier instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior, o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.
Los delitos considerados de corrupción son los de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública.
Una de las impulsoras del proyecto, la diputada Brenda Austin, de la Unión Cívica Radical, integrada en la alianza Cambiemos del gobierno de Mauricio Macri, sostuvo que la ley pretende ser una “herramienta para la consolidación del sistema democrático”.
Austin defendió su necesidad argumentando que la Constitución del país establece que la corrupción atenta contra la democracia, por lo que no se pueden esgrimir los derechos individuales cuando estos colisionan con los “valores republicanos”.
Tras obtener este visto bueno de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el proyecto de ley será sometido a votación en el pleno de la Cámara de Diputados.
Penar a empresas
La Cámara de Diputados de Argentina trató también un proyecto de ley para penalizar a las empresas que se impliquen en casos de corrupción.
La norma establece que las personas jurídicas (empresas, fundaciones, asociaciones civiles) puedan ser sancionadas por incurrir en delitos de corrupción cometidos contra la administración pública y por cohecho transnacional.
Actualmente, el sistema jurídico argentino solo prevé sanciones y penas por este tipo de delitos en el caso de las personas físicas.
El proyecto fue elaborado por la Oficina Anticorrupción y remitido por el gobierno de Macri al Congreso en octubre de 2016.
Este proyecto es uno de los requisitos exigidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que pidió al país una norma que apunte a la arista empresarial de la corrupción.