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RÍO DE JANEIRO (EFE). Las empresas Vitol, Trafigura y Glencore fueron acusadas de pagar unos US$ 31 millones en sobornos a varios funcionarios de la estatal brasileña, según investigaciones de la operación Lava Jato.
Lava Jato puso al descubierto una gigantesca trama de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos y partidos de todas las tendencias para obtener contratos en Petrobras. Pero en su nueva fase develó la existencia de un “cartel de multinacionales”.
De acuerdo con la Fiscalía General, las comercializadoras pagaron los millonarios sobornos para obtener ventajas en la adquisición de derivados del petróleo con la estatal brasileña Petrobras.
Es decir, obtener facilidades, conseguir precios más ventajosos y realizar contratos con mayor frecuencia.
Estos negocios se referían a la compraventa en el mercado internacional de aceites combustibles, utilizados para generación de energía térmica en hornos y calderas; gasóleo de vacío, componente de la gasolina y el diésel), y otros productos.
Las investigaciones señalaron que entre 2009 y 2014 estas tres empresas sobornaron a intermediarios y funcionarios de Petrobras en unas 160 operaciones de compra y venta de derivados de petróleo y alquiler de tanques para almacenamiento.
Según las autoridades, los sobornos beneficiaban a funcionarios de la gerencia ejecutiva de Marketing y Comercialización de la estatal brasileña, y las operaciones fueron conducidas desde las oficinas de Petrobras en Houston (Estados Unidos) y Río de Janeiro.
Las investigaciones también mostraron que solo la compañía Trafigura realizó cerca de 966 operaciones comerciales con Petrobras, entre 2004 y 2015, por un valor aproximado de 8.700 millones de dólares.
De acuerdo con la Fiscalía, al menos dos funcionarios de Petrobras que recibieron sobornos todavía están en ejercicio y las irregularidades pudieran estar sujetos a sanciones en Brasil y en el exterior.
Cartel multinacional
En julio de este año la operación Lava Jato desbarató una red fraudulenta entre la secretaría de Salud del gobierno de Río, el Instituto Nacional de Traumatología (Into) y varias multinacionales de ese estado entre 1996 y 2017.
El operativo develó un cartel de proveedores del que, según la justicia de Brasil, participaron multinacionales como Philips y General Electric.