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La Cámara Federal argentina confirmó el procesamiento de la expresidenta de Argentina y actual senadora Cristina Fernández (2007-2015) por presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a una mutual judía de Buenos Aires en 1994 y pidió al Senado que le retire su inmunidad de arresto como legisladora para que pueda ser detenida.
La exmandataria, afectada por múltiples causas judiciales –la mayoría por corrupción–, obtuvo una banca de senadora en los comicios legislativos del 22 de octubre y juró su cargo el pasado 29 de noviembre, lo que le otorga fueros parlamentarios y la imposibilidad de ser detenida.
Pero el Senado argentino está en receso hasta marzo, por lo que podría decidir el año próximo sobre el pedido judicial para remover la inmunidad parlamentaria de Fernández.
La Cámara cambió la carátula del caso de “traición a la Patria” por encubrimiento.
El juez federal Claudio Bonadio ordenó la prisión al considerar que la exmandataria puede entorpecer la causa, abierta por la denuncia por encubrimiento que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella y varios miembros de su Gobierno cuatro días antes de aparecer muerto en condiciones que todavía se investigan.
Nisman aseguraba que el pacto argentino-iraní buscaba realmente encubrir a los sospechosos del ataque, entre ellos, el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el excanciller Alí Akbar Velayatí.
Según la denuncia, a cambio Argentina se aseguraba negocios petroleros.
El atentado contra la Asociación Mutualista Israelita Argentina (AMIA), que la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chiita Hizbulá, fue el segundo ataque contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la Embajada de Israel, también sin esclarecer. En el ataque al centro judío-argentino murieron unas 85 personas y decenas de heridos.
Cristina enfrenta cinco procesos judiciales por corrupción, uno de ellos, por presunta asociación ilícita y fraude en la concesión de obras públicas con los empresarios constructores Cristóbal López y Lázaro Báez. Este último es señalado como testaferro de su familia desde la presidencia de su esposo Néstor Kirchner (2003-2007).
También, el aumento meteórico de su patrimonio es objeto de varias investigaciones.
En otra causa, es investigada por presunto perjuicio al Estado en operaciones cambiarias del Banco Central al final de su gobierno. La operación con dólares a futuro consiste en fijar un precio de la divisa a tres o cuatro meses, como inversión. Si el tipo de cambio baja, el Banco Central gana dinero, pero si se devalúa, la institución pierde.
Cuarta causa
El exvicepresidente, Amado Boudou, fue acusado ayer de “malversación de fondos públicos”, y sumó en su contra un cuarto proceso. El diario Clarín publicó que el exvice argentino habría presentado “tickets apócrifos de hoteles y restaurantes para cobrar más”.
El proceso por la nueva orden de prisión se refiere a supuestas irregularidades en la rendición de gastos de viáticos y gastos eventuales cuando Boudou era ministro de Economía y Finanzas Públicas.
El político ya está en prisión preventiva por presunta asociación ilícita y lavado de activos. Su abogado defensor solicitó la revocación de la medida, pero el juez de la causa rechazó la solicitud de prisión domiciliaria.
En otra causa, Boudou es investigado por presunta corrupción en la compra de una imprenta de papel moneda.