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Bolivia acudió a la CIJ de La Haya el 24 de abril de 2013 pidiendo que declare que Santiago tiene “la obligación de negociar” un acceso soberano completo al océano.
La objeción de Chile
Chile planteó una “objeción previa”, pidiendo que la demanda no fuera admitida, con el argumento de que esto significaría ir contra el tratado de límites que ambos países firmaron en 1904, algo para lo que la CIJ no tiene competencia.
Bolivia, por su parte, alega que su demanda no pretende cuestionar este tratado de límites, sino que se origina en los “derechos de expectativa” que, según alega, se generaron a su favor durante conversaciones bilaterales sobre la aplicación de dicho tratado entre ambos países.
¿Qué pide Bolivia?
En su demanda, Bolivia pretende que la Corte de La Haya reconozca que ha adquirido “derechos expectaticios” que le permitirían negociar una salida propia y soberana al océano, fruto de algunas propuestas y negociaciones efectuadas entre los representantes de ambos países sobre la aplicación del Tratado, que contempla el acceso a puertos sobre el Pacífico, con un trato especial, para Bolivia.
La Paz sostiene, además, que los acuerdos firmados con Chile sobre esas facilidades comerciales y aduaneras no han sido cumplidos tal como está estipulado en los tratados bilaterales.
¿Qué debe resolver la Corte de La Haya?
Los magistrados deben definir si el tribunal tiene potestad para resolver la controversia entre Chile y Bolivia.
En la historia del tribunal han sido aceptadas 32 excepciones preliminares, es decir, hubo 32 casos en que la Corte dijo no ser competente y dio por terminada la controversia.
Posibles escenarios
En esta etapa de la disputa se abren tres posibles escenarios:
- Que la Corte se declare incompetente, lo que daría por terminado el litigio.
- Que se declare competente, lo que daría a Bolivia la opción de continuar el proceso.
- Que sostenga que la objeción planteada por Chile no tiene un carácter preliminar, o sea, que está ligada al tema central de la demanda, con lo que decidiría sobre esta objeción al final del proceso jurídico.
En todo caso, la decisión no se tomará antes de octubre o noviembre de este año.