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La hija de los reyes Juan Carlos y Sofía podría librarse de sentarse en el banquillo de los acusados si se aplica una jurisprudencia que dicta que un imputado no tiene que ser juzgado si solo recae sobre esa persona la acusación popular y no la de la fiscalía o los afectados directamente.
En este caso, la infanta no ha sido acusada ni por el fiscal ni por la abogacía del Estado, sino solo por el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular. El juez instructor, José Castro, será el encargado de decidir si se aplica o no esta jurisprudencia. Castro imputó en junio a la infanta al considerarla “cooperadora necesaria” de los dos delitos fiscales presuntamente cometidos por su esposo, Iñaki Urdangarín, y presuntamente culpable de blanquear dinero público obtenido por este de forma ilegal. El tribunal de Palma mantiene la imputación de dos delitos fiscales a la infanta.