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MÓDENA (ANSA). Esto fue anunciado por su abogado, Alessandro Sivelli. Después de que la Corte de Casación aceptó el pedido de extradición presentado por el Gobierno brasileño, el exfuncionario -libre desde el pasado verano boreal- se presentó ante el cuartel de carabineros de Maranello para luego ser trasladado a la cárcel Sant’Anna de Módena, centro-norte de Italia.
“No es mi costumbre comentar las decisiones de la autoridad judicial -escribió el abogado de Pizzolato-. Solo puedo manifestar estupor por esta decisión que revirtió la sentencia de la Corte de Apelaciones de Bolonia sin que hubiera nuevos hechos”.
“El tratado de extradición ítalo-brasileño -agregó- prevé que la extradición no debe ser concedida en caso en que la condena pronunciada por el Estado requirente haya sido emitida en violación del derecho de defensa, y cuando haya fundada razón de que la persona requerida puede sufrir en las cárceles del país requirente tratamientos inhumanos que violen los derechos fundamentales de Henrique Pizzolato, quien declaró estar disponible para ser procesado por los mismos hechos por la autoridad judicial italiana y está dispuesto a cumplir la pena en Italia si es hallado responsable”, concluyó.
El escándalo de corrupción política conocido como “Mensalão” (mensualidad) se produjo entre 2005 y 2006 e involucró la compra de votos de parlamentarios en el Congreso Nacional de Brasil.
Entre los protagonistas del escándalo estaban algunos miembros del gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, miembros del Partido de los Trabajadores (PT) y de otros partidos.
Según se denunció en un artículo de la revista Veja y luego en otras publicaciones y entrevistas, el PT se había comprometido a pagar una “mensualidad” a los diputados del PTB que apoyaran al gobierno. La promesa, no cumplida, terminó con un quiebre entre el PT y el PTB y derivó en una serie de denuncias de corrupción y en sucesivas trabas a la investigación judicial de los hechos denunciados.